LA VERDAD DE LA TIERRA

Escrito con María Paz Mejía Londoño

El desplazamiento en Colombia es un secreto común, público: es algo que todos saben pero nadie nombra. Es un tema que aparece sólo cuando se abre el debate, cuando las cifras estatales son comparadas con las de alguna ONG. Es un fenómeno cuyos datos parecen sucumbir ante la poca certeza, pero cuya relevancia, aunque se quiera esconder, se conoce: es uno de las peores dificultades sociales que aquejan a nuestro país. ¿Quién no ha sido abordado en la calle, o en los buses por personas que alegan su condición y claman atención? ¿Por qué el desplazamiento no parece solucionarse?

Hay que empezar diciendo que para el ordenamiento ni siquiera todo desplazado es víctima, razón por la cual no se les incluye en un programa de reparación sino de “apoyo integral”, o de “ayuda humanitaria”. Pero ¿qué se está haciendo para solucionar el problema? ¿En qué consiste el “apoyo integral”, la “ayuda humanitaria”? ¿Por qué no se habla de darles “apoyos” y “ayudas” y no de repararlos? ¿Cuáles son los intereses políticos que subyacen a la estrategia?

El apoyo gubernamental a la población desplazada es brindado por Acción Social, entidad de la Presidencia de la República. Mediante diferentes programas como el de “Asistencia de Emergencia” se busca “recuperar la subsistencia” de estas personas otorgándoles productos para su alimentación, aseo personal, subsidios para arrendamiento e inclusión en el censo del Sisbén. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, con programas como éste no se está solucionando el problema. ¿Qué hará un desplazado cuando el gobierno ya no pueda subsidiarlo? Cualquiera diría: “trabajar”… sí, pero ¿en dónde? ¿Para qué están capacitados? ¿Qué tierra deben cultivar?

Por otra parte, si se sitúa a los desplazados dentro del anacrónico proceso de justicia transicional que se vive en Colombia, podría decirse que el ordenamiento ha previsto dos vías para ellos: I) la reparación judicial a través de la jurisdicción de Justicia y Paz, y II) la reparación administrativa prevista en el decreto 1290 de 2008. En lo que atañe a la primera, comienza ya a reconocerse la precariedad de las garantías con las que cuentan las víctimas dentro de los procesos de desmovilizados, y es más si se tiene en cuenta que a la fecha no existe ninguna sentencia que decrete reparación a las víctimas. Un desplazado difícilmente podrá verse reparado dentro de Justicia y Paz, y no es sólo por la parsimonia de su desarrollo y sus resultados, sino porque cuando llegue el momento de repararse se encontrará que casi todas las tierras que han logrado ser acumuladas por los paramilitares dentro de la sistematicidad de su práctica criminal, están en manos de testaferros o manos ajenas que difícilmente entrarán dentro del proceso de reparación.

A los desplazados, a diferencia de las demás víctimas del conflicto, más que repararlos con indemnizaciones económicas es necesario devolverles sus tierras, pues en últimas han sido sus propiedades lo que el conflicto les ha arrebatado. No obstante, ni siquiera dentro del sistema de reparación administrativa existe la posibilidad de la restitución, hecho que sin duda demuestra la falta de interés del Gobierno por procurar una real reparación de los desplazados. El decreto 1290 de 2008 apenas prevé una “ayuda humanitaria” para los desplazados y todo lo que corresponde a la restitución lo saca de su propio ámbito. Los cierto es que tanta resistencia a la restitución no es gratuita. Lo que demuestra es que la lucha por la tierra en el conflicto colombiano tiene un papel fundamental, en la cual se sabe que se expulsa al campesino de la tierra para emprender ahí proyectos de mayor productividad.

El Gobierno se opone con todos sus medios a la restitución de las tierras, y esto lo que demuestra es que existe una política abierta para que esta situación no se solucione. Es evidente que la restitución de tierras llevaría a encontrar una verdad que el Estado está empeñado en ocultar, pues muchos de los victimarios no han sido sólo protegidos y consentidos por el Gobierno, sino que han sido personas que hoy hacen parte del mismo. El Estado ha justificado la política de maximización de la tierra, y con ello el fenómeno del desplazamiento, con el establecimiento de una propuesta de productividad que él mismo ha determinado sin concertación alguna y con una muestra enorme de su poder hegemónico, y no siendo suficiente, ahora pretende obstaculizar todo tipo de restitución a los desplazados para conservar este proyecto. La restitución demostraría que la maximización productiva no es la única forma de aproximarse a la tierra, y además, pondría en evidencia que esta apuesta hegemónica de la productividad de la tierra se ha hecho a sangre y fuego.

Bogotá DC & Manizales. Septiembre de 2009.

(Publicado en el periódico FORO JAVERIANO. Trimestre III. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Bogotá DC)